La Comisión insta a ESPAÑA y seis Estados miembros a notificar las medidas adoptadas para transponer la Directiva sobre los derechos de los accionistas

La Comisión ha decidido hoy enviar dictámenes motivados a siete Estados miembros por haber comunicado parcialmente (Bulgaria, Grecia, España y Rumanía) o no haber comunicado (Chipre, Portugal y Eslovenia) las medidas adoptadas para implementar la Directiva sobre los derechos de los accionistas [Directiva (UE) 2017/828].

Los Estados miembros tenían que transponer parte de la presente Directiva a su Derecho nacional a más tardar el 10 de junio de 2019 y comunicar a la Comisión las medidas adoptadas en el ámbito regulado por sus disposiciones pertinentes. La implicación a largo plazo de los accionistas con las empresas en las que invierten es esencial para garantizar que las empresas estén bien administradas y sean sostenibles a largo plazo. En virtud de la Directiva, los inversores institucionales y los gestores de activos tienen que publicar información sobre sus estrategias de inversión y sus políticas de implicación. Además, la Directiva aumenta la transparencia de la remuneración de los administradores y permite que los accionistas puedan pronunciarse sobre las remuneraciones. También introduce salvaguardias con respecto a las operaciones importantes celebradas entre partes vinculadas (por lo general, la empresa y su administrador o accionista de control). En julio de 2019, la Comisión envió sendas cartas de emplazamiento a estos seis Estados miembros por no haber transpuesto las normas de la Unión Europea a la legislación nacional. Bulgaria, Grecia, España y Rumanía notificaron determinadas medidas, declarando que la transposición de la Directiva aún era parcial, mientras que Chipre, Portugal y Eslovenia no han notificado todavía ninguna medida de transposición. Los siete Estados miembros disponen ahora de tres meses para responder a los dictámenes motivados y adoptar las medidas pertinentes notificando la plena transposición de la Directiva a su Derecho nacional. De no hacerlo, los asuntos pueden remitirse al Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

Comsxxi

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